La Fiscalía de Colombia añadió este viernes el delito de soborno al documento sobre los crímenes en contra del expresidente Álvaro Uribe, durante la audiencia virtual ante el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno de testigos.

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La audiencia inició a las 8H05 (hora local), con las declaraciones de Uribe, quien desde su vivienda se pronunció sobre las acusaciones y cuestionó algunas acciones judiciales que han tenido lugar por parte de la Corte Suprema de Justicia, cuando hace seis años se abrió la investigación.

Se espera que en el transcurso de esta jornada, el Ministerio Público proceda a dar lectura a la acusación formal contra el exmandatario, luego de cinco intentos fallidos de distintos fiscales de archivar el caso.

La jueza Sandra Heredia, ha negado la petición de la defensa para brindar un tiempo para el estudio del presunto delito, para preparar la defensa y continuar con el juicio el próximo 24 de mayo.

La audiencia se realiza tras varias denuncias y procesos legales que revelan su presunta responsabilidad en delitos de soborno a testigos y fraude procesal; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia y dispuso que Uribe manipuló pruebas y cometía irregularidades a los testigos en una investigación.

Mientras, la Fiscalía declaró que Uribe podría cumplir hasta 12 años de cárcel por los delitos cometidos, considerando que el proceso debe finalizar el 8 de octubre de 2025 pues, de lo contrario, el caso precribiría.

Las víctimas del caso consideran que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra del expresidente y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en una disputa que mantenía con Iván Cepeda.

La jueza Heredia es la encargada de coordinar la audiencia de acusación luego de que el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gilberto Iván Villarreal, quien asumió el caso por reparto y no por asignación especial como sucedió con los fiscales anteriores, llamara a juicio a Uribe.

Para adoptar esta decisión, el fiscal Villarreal hizo una nueva valoración integral de todos las pruebas del proceso, incluidas las remitidas en su momento por la Corte Suprema de Justicia.

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por presunta manipulación de testigos por el supuesto pago de coimas a varios presos para que hablaran a su favor.

Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria. Entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.

Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia ante los que se llevó el sumario como por el Tribunal Superior de Bogotá.

No obstante, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril determinó, a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios, que había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión. 

El expresidente Álvaro Uribe  se podrá defender en libertad, en desarrollo de la acusación y respectivo juicio en su contra como supuesto autor de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Uribe declaró este viernes a medios colombianos que es inocente y que es víctima de persecución político-judicial.

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